«No nos lo esperábamos», confiesa Jorge Serrano, director gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas, cuando se le pregunta por cómo han encajado la última sentencia jurídica en contra del planeamiento de este ámbito urbanístico. Su discurso destila cierta exasperación ante el enésimo revés judicial que afecta al mayor desarrollo urbanístico del norte de Madrid, hoy ya convertido en un barrio donde conviven más de 8.000 vecinos.
Se trata del dictamen del pasado 4 de marzo por el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula el Plan Especial que el Ayuntamiento de Madrid aprobó en octubre de 2014 para cambiar la configuración de un enorme solar conocido como la pastilla comercial. En origen, este suelo estaba destinado a albergar un gran centro comercial, pero ante la nueva realidad económica surgida de la crisis, éste se modificó para reducir su superficie, dando lugar a 16 parcelas para construir unas 1.000 viviendas (900 de ellas protegidas) y una dotacional, para un colegio privado.
No es el problema más grave al que se enfrentan -en septiembre de 2012 el Tribunal Supremo (TS) declaraba nulo todo el Plan General de Madrid (PGOUM) y el desarrollo de Valdebebas quedaba totalmente paralizado-, pero la noticia les sorprende en la recta final de su labor, con el desarrollo prácticamente completado y tras haber superado muchas vicisitudes. De ahí que la última sentencia haya caído como un verdadero jarro de agua fría.
Lejos de lo que ha podido leerse estos días, esta sentencia no afecta a la totalidad del ámbito, sino únicamente a estas parcelas. Por volumen, el mayor perjudicado sería la promotora Pryconsa, que a finales del año pasado compró 14 de estos solares a la Junta de Compensación. De los dos suelos residenciales restantes, uno lo adquirió la inmobiliaria Premier para desarrollar un proyecto de vivienda libre (que está comercializándose) y el último fue a manos de la cooperativa Valdecam Valdebebas, compuesta por 65 socios.
Si por la inversión realizada es Pryconsa el comprador más afectado, son estos 65 cooperativistas los más vulnerables. La cooperativa ya ha pagado el suelo, una compra para la que sus socios han tenido que desembolsar una media de 45.000 euros, además de haber suscrito un préstamo bancario. Sin duda, un retraso prolongado del proyecto pondría en riesgo su solvencia.
Respecto a los plazos, la Junta estima tener resuelta la situación «en menos de un año». Además de contemplar el Recurso de Casación que contra esta sentencia cabe presentar ante el TS, los gestores de Valdebebas son conscientes de que la solución va a requerir «rehacer el planeamiento, dando respuesta a las objeciones del TSJM». «Queremos buscar la solución más sólida, por lo que habrá que identificar el instrumento de planeamiento que mejor justifique los objetivos pretendidos por el cambio de ordenación», asegura Serrano.
Todo apunta a que eso pasaría por una modificación puntual del PGOUM, para lo que tendrían que trabajar de la mano con el Ayuntamiento. Sin confirmar este extremo, Serrano manifiesta «confiar» en que estarán «alineados en la solución» con el Consistorio. Desde Valdebebas confirman que han solicitado una reunión con el delegado de Urbanismo para la que al cierre de esta edición aún no tenían fecha.