El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) ha denunciado las dificultades que están teniendo las comunidades de propietarios de la región para ajustar la potencia contratada en electricidad y así intentar paliar, el «brutal» incremento en el precio por kWh contratado que entró en vigor en agosto de 2013.
Esta situación, que la institución califica de «absoluta desprotección, tiene como consecuencia que el consumidor final no puede contratar la potencia que precise y tenga que adaptarse a los tramos ofertados por las eléctricas, que son de 1,1 kWh. «El usuario que quiere reducir la potencia contratada para así disminuir el coste fijo que por este concepto se paga a las empresas eléctricas, se está encontrando con trabas administrativas y económicas, en muchos casos insalvables», asegura Ángel Ignacio Mateo, secretario del CAFMadrid.
Según el Colegio, estas solicitudes de reducción de la potencia contratada, que son aceptadas inicialmente, requieren posteriormente la presentación del Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) o Boletín de Instalación Eléctrica, para así ajustar la potencia a lo que se indique en el mismo.
«Podemos entender que esta medida pueda ser exigida cuando se pide un aumento de potencia, pero para una reducción no tiene sentido; lo que nos obliga a pensar que son exigencias de las empresas eléctricas para proteger su negocio y mantener su cuenta de resultados», apunta Mateo.
El CAFMadrid denuncia además que en la comunidad madrileña las empresas de distribución eléctrica tampoco dan validez a las Actas de Inspección Favorable para poder reducir la potencia solicitada. Estos documentos son emitidos por Organismos de Control que, en cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), están inspeccionando las instalaciones eléctricas de baja tensión de los edificios con más de 25 suministros.
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