Debido a la falta de acuerdo entre vecinos o el rechazo a instalar repartidores de costes explican parte del fiasco. Una gran parte de comunidades de vecinos encalla en la tarifa regulada de gas y solo consiguen tramitar 5.000 bloques de pisos.
Desde su creación en octubre más de 5.000 comunidades de vecinos se han registrado en la tarifa de último recurso (TUR). Sin embargo, esta cifra está por debajo de las expectativas tanto del sector como del Gobierno, que esperaban una mayor aceptación entre los 1,7 millones de propietarios, aproximadamente uno de cada cuatro consumidores de gas en España.
Mientras la TUR individual sigue creciendo, con 200.000 nuevos registros en febrero y un total de 2,5 millones de clientes, en el caso de las comunidades de vecinos la aceptación ha sido mínima. Solo 964 comunidades se unieron el mes pasado.
El principal problema que se comenta es debido a que conseguir alcanzar acuerdos en las comunidades de propietarios no es fácil, por lo que no se prevén cambios en su diseño. Además de la falta de consenso entre los vecinos, hay varias razones por las que la TUR está teniendo dificultades en los edificios con caldera común.
Ya que un gran número de comunidades reciben ofertas de comercializadoras con precios similares a los de la tarifa regulada y sin penalizaciones. Además, para acogerse a la opción subvencionada, muchas comunidades deben realizar obras en las salas de calderas para superar las inspecciones energéticas.
La instalación de repartidores de costes también genera reticencias entre las comunidades. A pesar del amplio plazo establecido por el Gobierno para su instalación, muchas comunidades prefieren reducir las horas de calefacción en lugar de instalarlos. Esto las excluye de la TUR. Además, las comercializadoras están constantemente solicitando documentos y retrasando el proceso.
Fuente «El País»