Miles de madrileños residentes en municipios de toda la región se las están teniendo que ingeniar para devolver como pueden el dinero que pidieron prestado a bancos, amigos y familiares para comprar su casa o rehabilitar su edificio. La Comunidad de Madrid les prometió en su día que les financiaría parte de los gastos para que pudiesen arreglar las fachadas, sustituir las tuberías, reparar los tejados, instalar ascensores o convertirse en propietarios de un piso de protección pública. Ahora, sin embargo, alega que no tiene dinero para pagar y que ni siquiera sabe cuándo estará disponible.
Las ayudas estaban contempladas en los planes de vivienda y rehabilitación vigentes entre 2005 y 2012. La cuantía máxima dependía de la renta per cápita del solicitante y del coste de la inversión: entre 12.000 y 15.000 euros de ‘cheque-vivienda’ para la adquisición, entre 6.000 y 9.000 en el caso de acometer mejoras y hasta 50.000 euros para las comunidades de vecinos que pusieran elevadores. Sin embargo, para optar a la subvención era había que justificar la inversión realizada en la obra o tener la escritura pública de compraventa /adjudicación en propiedad de la vivienda, ya que las cantidades solo se abonaban a posteriori.
Este requisito no impidió que las iniciativas fueran un éxito, según la propia Comunidad. Solo en el caso del cheque-vivienda se tramitaron y concedieron 2.989 ayudas por un importe total de 30 millones de euros entre 2009 y 2011, de acuerdo a los datos oficiales. Durante años, Esperanza Aguirre presumió de ser la presidenta autonómica que más invertía en Vivienda. En abril de 2010 llegó a inaugurar el «ascensor número mil» instalado gracias a sus políticas.
En julio de 2012, sin embargo, su Ejecutivo decretó el fin de las subvenciones —salvo la de ascensores, que se redujo un 25%— y paralizó todos los expedientes en tramitación. Lo hizo en pleno verano, de forma que los afectados no se enteraron. Aún hoy, muchos lo desconocen.
La última notificación de la Comunidad de Madrid sobre el archivo de estas solicitudes de ayudas fue en diciembre pasado, a través del Boletín Oficial (BOCM). Entonces publicó varias resoluciones en las que Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda notificaba el archivo de centenares de solicitudes. Todas se referían a expedientes para reformar edificios en áreas de rehabilitación preferente —o ZRI, Zona de Rehabilitación Integral—, aunque la cancelación ha afectado a todos los demandantes de ayudas.
El Defensor Interviene
La Dirección General de la Vivienda alega que las partidas económicas a las que estaban vinculadas las subvenciones se acabaron. «Una vez agotadas, no se reconoce el derecho a los solicitantes», precisó un portavoz. Para cuando eso pasó, las familias ya habían solicitados los créditos o habían pagado las obras. Sin embargo, la Comunidad tampoco ha pagado miles de ayudas que sí aprobó, pero para las que carece de «crédito presupuestario». Entre los perjudicados hay ancianos que adaptaron su vivienda por problemas de movilidad o que renovaron su edificio después de décadas de abandono.
El Defensor del Pueblo ya ha instado al Ejecutivo a buscar «algún medio extraordinario de obtención de crédito que permitiera ir abonado las cantidades reconocidas», según consta en un informe emitido el pasado mes de noviembre a petición de un particular [léalo en este enlace]. La ‘sugerencia’ no ha obtenido resultados.
El diputado socialista Antonoi Fernández Gordillo calcula que al menos 20.000 demandantes del cheque-vivienda, 38.000 de las subvenciones de rehabilitación y 2.000 en el caso de los ascensores han perdido sus derechos. El Ayuntamiento de Alcobendas (PP), estima que solo en su ciudad hay 2.700 perjudicados por la supresión de esta ayuda.
Fuenlabrada (PSOE-IU) contabiliza 293 afectados únicamente en las rehabilitaciones del barrio de El Naranjo. El presupuesto total de las obras que han realizado los residentes de esta zona es de 3,5 millones de euros. El dinero que esperan de la Comunidad asciende a 2,1 millones. «Nos siguen llegando reclamaciones de personas que no han recibido ni un duro», confirma un miembro del equipo municipal. La Dirección General de la Vivienda, por su parte, no ha querido ofrecer más datos.
Sentencia Favorable
Ninguna asociación aglutina a los afectados de forma mayoritaria, aunque sí existen plataformas como la de Afectados por el Cheque-Vivienda, que se ha instalado en varios municipios. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ofrece a los madrileños el correo electrónico info@imv-fuenlabrada.es como vía de información para exigir las cantidades prometidas y no cobradas. Parla, a través de la Agrupación Socialista, ha creado un servicio jurídico de asesoramiento.
El diputado Fernández Gordillo acompañó el 17 de enero a los representantes de varias comunidades de propietarios de Getafe a presentar 1.100 quejas ante el Defensor del Pueblo. El conflicto ha llegado a los tribunales, pero con resultado desigual. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el recurso Contencioso-Administrativo presentado por Alcobendas al estimar que las ayudas se circunscribían a la existencia de fondos, es decir, que la Comunidad prometió ayudas a sabiendas de que no todos los que cumpliesen los requisitos llegarían a cobrarlas.
El equipo de abogados de la empresa Vivienda Protegida sí ha conseguido varias sentencias favorables que abren la puerta a reclamaciones masivas, pero solo en los casos en los que la Comunidad denegó el cheque-vivienda alegando que este se había solicitado antes de que el propietario tuviese la escritura de compraventa o la calificación definitiva del inmueble como viviendas con protección pública.
«Uno de mis vecinos ya no puede pagar»
«¿Dónde está la subvención?». Así rezan los carteles que los residentes en el número 9 de la calle Mejorana, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, tienen colgados en sus balcones.
Su barrio, Entrevías-El Pozo, fue declarado Zona de Rehabilitación Integral (ZRI) por la Comunidad de Madrid en 2007 junto a otros 26 núcleos residenciales de la región. Entre ellos estaban el Barrio del Pilar de Chinchón, el de La Paz en Mejorada o Ciudad Pegaso, también en la capital. Ello les daba derecho a beneficiarse de las subvenciones regionales en materia de arreglo de fachadas, cubiertas o cañerías. La Comunidad instaló incluso una oficina de información en el barrio, pero hace tiempo que cerró y el dinero, a día de hoy, no ha llegado.
«Nos han dejado tirados y nos han llevado a la ruina», denuncia Mª Ángeles Pascua (42 años), presidenta de la comunidad de vecinos y autora de una carta en la que reclama al presidente autonómico, Ignacio González, que dé lo que les debe.
«Rehabilitamos casi todo el edificio. Cada vecino puso entre 8.000 y 18.000 euros. Tuvimos que pedir un crédito conjunto que pagamos a través del recibo de la comunidad. En lugar de 50 euros abonamos 100 todos los meses y aún nos quedan varios años. Entre arquitectos, administración y obra nos hemos gastado unos 200.000 euros», detalla.
Pero a Mª Ángeles no le molesta tanto la falta del dinero como el hecho de que la Administración les haya ignorado. «Hemos reclamado, hemos mandado escritos, hemos preguntado, pero nada. Tenemos vecinos en paro, con problemas económicos, y uno ya no puede pagar, pero aquí ningún político da la cara. El presidente González sí está para ir a inauguraciones de Fernando Alonso o al palco del Real Madrid, pero, cuando viene a Vallecas, pasa de largo. Y eso que la Asamblea de Madrid está bien cerquita», zanja.
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