Uno de los principales factores que ha impulsado el aumento de los precios de los alquileres en las grandes ciudades, sumado a la escasa oferta, está relacionado con un elemento fundamental en la economía española: el turismo. El crecimiento de plataformas como Airbnb ha provocado que muchos propietarios de viviendas privadas se animaran a alquilar sus pisos para estancias vacacionales. Esto ha generado un problema que, como hemos señalado, afecta directamente el acceso a la vivienda para los residentes locales, además de los inconvenientes que se presentan cuando los apartamentos para turistas se mezclan con los de los vecinos permanentes. Sin embargo, esta situación podría estar por cambiar con la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que entra en vigor el 3 de abril, otorgando a las comunidades de vecinos la capacidad de decidir si quieren o no aceptar pisos turísticos en sus edificios.
En ciudades con un alto flujo turístico como Madrid, Barcelona o Málaga, las comunidades de vecinos han tenido que lidiar durante años con el constante ir y venir de turistas, el ruido, la invasión de la privacidad y el deterioro de las áreas comunes. Los propietarios que residen de forma permanente en sus viviendas se han sentido impotentes ante la conversión de sus edificios en alojamientos turísticos improvisados. Aunque hasta ahora las decisiones legales no siempre jugaban a su favor, la situación está a punto de cambiar. A partir del 3 de abril de 2025, se pondrá en marcha una reforma legal que transformará la gestión de los pisos turísticos en España. Esta reforma, que modifica la Ley de Propiedad Horizontal, ha sido impulsada por dos sentencias del Tribunal Supremo que reconocen el derecho de las comunidades a prohibir esta actividad. Finalmente, serán los vecinos quienes tengan la última palabra sobre si desean convivir o no con viviendas de uso turístico en su edificio.
Cambio para las comunidades de vecinos y los alquileres turísticos
Desde el 3 de abril, será obligatorio obtener la autorización explícita de la comunidad de propietarios para convertir un inmueble en piso turístico. Para lograrlo, se requerirá la aprobación en una junta con una mayoría cualificada de tres quintos, lo que implica el acuerdo tanto del número de propietarios como de las cuotas de participación. Esto quiere decir que ya no será posible actuar de manera autónoma. Si un vecino desea transformar su piso en un alquiler turístico, como Airbnb, deberá presentarlo en una junta y obtener la aprobación de la comunidad. Si no consigue este apoyo, no podrá seguir adelante con la actividad. Además, si lo intenta sin permiso, el presidente de la comunidad podrá tomar cartas en el asunto (ya sea por iniciativa propia o a solicitud de otro vecino) y exigir la interrupción inmediata del alquiler turístico, incluso recurriendo a acciones legales si es necesario.
Esta medida, lejos de ser algo menor, responde a una necesidad real en muchas zonas del país, donde la convivencia vecinal se ha visto afectada por el crecimiento de este tipo de alquileres.
La respuesta para las comunidades más turísticas
Un caso claro de la situación planteada es el de Andalucía. En 2024, la región recibió 36,2 millones de turistas, lo que representa un incremento del 5,5% en comparación con el año anterior. Así lo informó Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, destacando la gran atracción que sigue ejerciendo la región a nivel mundial.
Este crecimiento ha beneficiado a sectores como el comercio y la hostelería, pero también ha tenido efectos negativos. En ciudades como Sevilla, Málaga o Granada, la población local ha experimentado grandes dificultades para encontrar viviendas de alquiler a precios asequibles. A esto se le añade el malestar de los vecinos en áreas residenciales que se han convertido en destinos turísticos constantes.
Por este motivo, Andalucía ha sido una de las regiones más activas en solicitar un cambio legislativo que regule esta actividad y permita proteger la convivencia entre los vecinos. Según el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Canfincas), la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal busca devolver el poder a las comunidades, otorgándoles la capacidad de decidir sobre el uso de los inmuebles dentro de sus edificios.
Situaciones similares se dan en Cataluña. Allí, el turismo también creció el año pasado, generando ingresos superiores a los 23.000 millones de euros (según datos del Ministerio de Industria y Turismo). Aunque esto resulta beneficioso para la economía nacional, también ha generado descontento entre los residentes locales. Como respuesta, ciudades como Barcelona han tomado medidas aún más estrictas, como la prohibición de los pisos turísticos a partir de 2028.
Solución para las áreas más turísticas
Un claro ejemplo de esta problemática es Andalucía. En 2024, la comunidad recibió 36,2 millones de turistas, lo que representó un aumento del 5,5% en relación con el año anterior. Esta cifra fue compartida por Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, subrayando el atractivo internacional continuo de la región.
Aunque este crecimiento ha sido beneficioso para sectores como el comercio y la hostelería, también ha traído consecuencias negativas. En ciudades como Sevilla, Málaga o Granada, los residentes han tenido dificultades para encontrar viviendas de alquiler a precios accesibles. Además, ha aumentado el descontento vecinal en zonas residenciales que se han transformado en puntos turísticos de manera constante.
Por ello, Andalucía ha sido una de las comunidades más insistentes en pedir una modificación legislativa que regule el turismo y asegure el equilibrio en la convivencia de los vecinos. Según el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Canfincas), el cambio en la Ley de Propiedad Horizontal busca devolver el poder a las comunidades de propietarios, permitiéndoles decidir sobre la actividad que se realiza dentro de sus edificios.
Algo similar ha ocurrido en Cataluña. El turismo en la región también creció el año pasado, generando ingresos que superan los 23.000 millones de euros (según cifras del Ministerio de Industria y Turismo). Aunque este crecimiento beneficia la economía nacional, también ha generado un creciente malestar entre los residentes locales. Como respuesta, ciudades como Barcelona han tomado medidas aún más estrictas, llegando a prohibir los pisos turísticos a partir de 2028.
Fuente «Ok diario»