La Comunidad de Madrid ha impulsado un proyecto piloto para el acceso de personas en riesgo de exclusión social a viviendas en régimen de alquiler social administradas por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA).
A través del Acuerdo Marco de Colaboración suscrito entre la AMTA y la Asociación Provivienda, 30 viviendas vacías y administradas por la Agencia han sido valoradas como potenciales pisos de alquiler social y serán arrendadas a personas que por razones económicas no pueden acceder al mercado normalizado.
Así lo ha puesto de manifiesto la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Belén Prado, con los primeros resultados del programa piloto «Inclusión y Vivienda», puesto en marcha en septiembre de 2015, con el objetivo de facilitar la inclusión residencial de aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
«Este programa tiene un doble objetivo. Por un lado, pretendemos optimizar las viviendas vacías de las personas tuteladas a través del alquiler social, asegurando el cobro de las rentas y el mantenimiento adecuado de las mismas para evitar así su devaluación. Y por otro, buscamos facilitar el acceso a un alquiler razonable a familias y personas con dificultades para encontrar un alojamiento», señaló Prado.
La viceconsejera ha destacado que «en esta primera fase del programa, y en tan solo cuatro meses, 10 personas en riesgo de exclusión han tenido acceso a una vivienda digna. En una segunda fase está previsto incrementar el número de viviendas destinadas a este proyecto hasta alcanzar un máximo de 100 inmuebles».
Dentro del Acuerdo Marco suscrito, el alquiler y la gestión integral de esas viviendas se desarrollan a través de las actuaciones establecidas en el protocolo de gestión del patrimonio inmobiliario de los tutelados por la AMTA, en coordinación con los programas de alojamiento y mediación que la Asociación Provivienda desarrolla en la Comunidad. El programa incluye un servicio de adecuación integral de las viviendas, de mediación y de tasación de bienes por peritos judiciales.
La viceconsejera ha señalado que con este programa, «además de facilitar el acceso a la vivienda a personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, cumplimos con uno de los fines esenciales de la AMTA, como es el de administrar los bienes del tutelado, actuando siempre en su beneficio y bajo los principios de prudencia, conservación y mejora de aquellos».
Además, ha destacado que esta iniciativa se enmarca «en un continuo proceso de mejora de gestión de los recursos existentes para asumir de forma eficaz las tutelas encomendadas por la autoridad judicial».
Incremento presupuesto de la AMTA en un 36%
La AMTA tiene como objetivo primordial prestar asistencia y protección social y jurídica a aquellas personas que han sido incapacitadas judicialmente (o están en proceso de incapacitación) y que residen en la Comunidad de Madrid. La Agencia cuenta para 2016 con un presupuesto de 6,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 36% con respecto a 2015.
Este incremento presupuestario refleja el firme compromiso del Gobierno regional en la lucha contra la exclusión social de las personas tuteladas por la Comunidad de Madrid y «va a permitir avanzar en la mejora de la calidad de vida de 2.872 personas adultas que actualmente tenemos bajo nuestra tutela», ha afirmado Prado.
Noticia via: elderecho.com