Los vecinos ruidosos representan una preocupación recurrente en las comunidades de propietarios, donde el hogar debería ser un refugio de paz y descanso. Sin embargo, cuando las actividades de algunos perturban la tranquilidad de los demás, surge un conflicto que requiere atención.
Según un estudio realizado por el INE sobre la calidad de vida en España, en 2020, el 21,9% de la población admitió experimentar problemas de ruido, ya sea generado por vecinos o proveniente del exterior. Esta situación afecta significativamente la calidad de vida de quienes la experimentan.
Afortunadamente, desde el año 2003, existe la Ley del Ruido, una normativa diseñada para prevenir, mitigar y controlar la contaminación acústica. Esta ley establece horarios y niveles permitidos de ruido, aunque estos pueden variar según el municipio, la franja horaria e incluso las áreas específicas de una vivienda.
Ante vecinos molestos y ruidosos, es fundamental abordar el asunto con empatía y diálogo. La primera recomendación es iniciar una conversación comprensiva con el vecino en cuestión, ya que es posible que no se haya dado cuenta del impacto de sus acciones. Sin embargo, si el problema persiste, es necesario recurrir a la normativa municipal y a la Ley de Propiedad Horizontal, donde el ruido se considera una actividad perturbadora.
Después de expresar el malestar al vecino, si no se observa ninguna mejora, se puede elevar la queja al presidente de la comunidad. Este puede tomar medidas por iniciativa propia o a solicitud de cualquier propietario, solicitando al vecino ruidoso que cese su actividad perturbadora. Es recomendable hacer uso de comunicaciones formales, como burofaxes, para documentar adecuadamente la situación.
Si la situación no se resuelve, se puede acudir a la comisaría de policía para denunciar el ruido. La policía puede intervenir y utilizar un sonómetro para verificar si se exceden los límites de decibelios permitidos, proporcionando así evidencia para futuras acciones legales.
En caso de que el vecino persista en su comportamiento molesto, se puede iniciar una acción de cesación respaldada por la junta de propietarios. Esta acción busca detener de inmediato el ruido molesto, y una vez presentada la demanda, el juez puede ordenar la cesación del ruido, con posibles sanciones penales en caso de desobediencia. La comunidad debe presentar pruebas concretas de la perturbación, como grabaciones sonoras y comunicaciones formales.
Si el juez falla a favor de la comunidad, además de ordenar el cese del ruido, puede imponer indemnizaciones y, en casos graves, privar al propietario del derecho a ocupar su vivienda por hasta tres años. Este enfoque legal busca garantizar el derecho de todos los propietarios a disfrutar de un ambiente tranquilo en su hogar.
Cuando el ruido proviene de un inquilino y no del propietario, es importante abordar la situación directamente con el inquilino en cuestión. Inicialmente, se puede intentar resolver la situación mediante una conversación amigable, explicando los efectos molestos que su comportamiento tiene en los demás residentes.
Si el inquilino persiste en generar ruidos molestos a pesar de las conversaciones, se puede recurrir al propietario de la vivienda para que intervenga. Es recomendable documentar adecuadamente todos los intentos de resolver la situación de manera amistosa, como registro de comunicaciones escritas o evidencia de testigos.
En caso de que el inquilino continúe con su comportamiento perturbador y no se logre una solución satisfactoria, se puede explorar la opción de solicitar la terminación del contrato de alquiler. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) contempla la rescisión del contrato de arrendamiento en casos donde los inquilinos llevan a cabo actividades ilegales, molestas o perjudiciales. Sin embargo, es importante consultar con un profesional legal para asegurarse de cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos por la ley en esta situación.
Fuente «Idealista»