Hace semanas que un cartel advierte a los vecinos de las calles de San Fulgencio y de San Canuto, en la colonia de Los Olivos, de la demolición del edificio que habitan. Las obras comenzaron el pasado jueves 7 de enero y se prolongarán hasta el día 19. La información cuelga en las vallas que rodean estas casas de renta antigua en las que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), propietaria desde 1982, pretende levantar nuevos pisos sociales. Los edificios, construidos con materiales baratos en la posguerra para responder de forma rápida a las migraciones rurales, están muy deteriorados.
Sus ventanas y entradas han sido tapiadas con cemento para evitar “okupaciones” en este peligroso lugar donde carteros y repartidores de pizzas se niegan a entrar por miedo a los asaltos. Con el tiempo, esta zona de obreros situada en el distrito de Latina, a 10 minutos a pie desde el Palacio Real y a cinco de la Casa de Campo, comenzó a ser habitada por gente conflictiva.
Dos agentes de seguridad hacen guardia en la zona, vacía. Hace días los vecinos terminaron una mudanza que, en algunos casos, comenzó en noviembre. La mayoría han sido realojados a unos metros de distancia, en un bloque de 53 viviendas que la EMVS terminó el año pasado.
En ese lugar fue derribado otro edificio en 2008. Fue la primera fase de un proyecto que se inició en 2005. Preveía la desaparición de las 329 viviendas repartidas en los cuatro inmuebles de la zona, declarados en “ruina física inminente”.
Aquí conviven un millar de personas que pagan a las arcas públicas entre 0,75 y 1,20 euros por metro cuadrado (según la antigüedad del arrendamiento) por unas condiciones deplorables: viviendas de apenas 24 metros cuadrados con humedades, goteras y sin acondicionar.
“Cuando hace frío, parece que tirita hasta la casa”, resume Francisco de la Rosa. Vive con su esposa y sus cuatro hijos en el bloque que va a ser derruido, pero se resiste a abandonar su hogar hasta ser reubicado. “Si van a tirar mi casa, que la tiren conmigo dentro”.
Este florista de 45 años lleva empadronado en el lugar desde 1999. Ese año, el anterior inquilino del inmueble le firmó un papel que sirvió como traspaso. Como él, muchos otros vecinos viven aquí de forma ilegal, por lo que la EMVS no los reubicará. “Me dicen que no me pertenece ninguna casa, que no vivo en esta vivienda”, se queja. Los primeros años pagó 25 euros de alquiler, pero ahora la empresa municipal no le coge el dinero. Tampoco paga luz. “No lo hace nadie en el barrio, está todo el mundo enganchado al suministro. Esto está dejado de la mano de Dios”.
En el mismo bloque vivían Emilio Cárdenas y su esposa. Tras meses de búsqueda, ya que al no tener contrato la EMVS no les ha reubicado, el lunes encontraron un nuevo hogar. Emilio, un extoxicómano de 48 años, se alegra de dejar la zona, en la que asegura que existen numerosos conflictos. “Los que venden la droga están aquí, esto es peor que la Cañada. La gente vive de eso, es su medio de vida, y eso no va a cambiar porque viva en unas casas nuevas”.
Noticia vía: elpais.com